Resumen de sucesos en Honduras

3 muertos confirmados por el Presidente Zelaya.
Más de 300 detenidos en horas recientes.

• 4 am comienzan las movilizaciones de los militares golpistas
• 5 am represión en tegucigalpa, frente a la embajada de Brasil, los seguidores enfrentaron sin armas las hostilidades.
• Balas de goma y de plomo fueron detonadas.
• El presidente constitucional, Zelaya, sigue en la Embajada de Brasil, que se encuentra sin electricidad.
• Amenazas continuas del ejercito golpista para entrar a dicha Embajada.
• El presidente Luis Inacio Lula Da Silva externó su preocupación y propone diálogo de paz.
• Puente SUR reporta arremetida violenta en varias zonas de honduras.
• Se utilizan los estadios como cárceles masivas en Honduras.
• La situación sigue siendo violenta y tensa.
• Sin electricidad la capital hondureña.
  
• Se confirma el primer muerto.

Sigue las noticias por PuenteSUR

Continuar leyendo este artículo...

Retorna el Presidente Manuel Zelaya a Tegucigalpa

Nosotros en Puente Sur transmitimos en vivo desde la madrugada, conéctate, nos enlazamos con Telesur, Radio Globo, Radio Progreso y transmitimos nosotros mismos en vivo.

En la madrugada de 21 de septiembre, en medio de los caminos verdes, Manuel Zelaya Rosales, presidente legítimo de Honduras, regresó hasta la misma Sede de la ONU, se encuentra junto a Xiomara Castro y a Xiomara Hortensia Zelaya. Nosotros en Puente Sur transmitimos en vivo desde la madrugada, conectate, nos enlazamos con Telesur, Radio Globo, Radio Progreso y transmitimos nosotros mismo en vivo.

Continuar leyendo este artículo...

Pronunciamiento Político por la Liberación de los presos políticos de Candelaria, Campeche, México

San Francisco de Campeche, Campeche 16 de septiembre de 2009
PRONUNCIAMIENTO POLITICO DEL ENCUENTRO NACIONAL POR LA LIBERACION DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE CANDELARIA Y EN SOLIDARIDAD CON SAN ANTONIO EBULA, CAMPECHE

Publicado por: Centro de medios libres DF

Estando reunidos en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, las organizaciones, movimientos, comunidades y colectivos de los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz, Nayarit, Puebla, Yucatán, Estado de México y Distrito Federal hacemos del conocimiento de la sociedad mexicana y de los medios de comunicación lo siguiente:

1. Nos hemos dado cita en esta ciudad con la finalidad de manifestarnos pública y enérgicamente exigiendo la liberación de Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Velázquez, Guadalupe Borjas Contreras y Guadalupe Lizcano Gómez, integrantes de la “Resistencia del No pago a las altas tarifas de la energía eléctrica” de Candelaria, Campeche, detenidos injusta e ilegalmente el pasado 10 de julio del presente año.

2. A nuestros compañeros y compañeras se les acusa injustamente de dos delitos que no cometieron, a partir de una denuncia de la Comisión Federal de Electricidad en donde se declararon hechos falsos y se intimidó a los testigos para que acusarán a nuestros compañeros y a 27 personas más. La Procuraduría General de la República fabricó un expediente y solicitó más de una treintena de órdenes de aprehensión contra varios integrantes de la Resistencia de Candelaria con la clara intención de intimidarlos y castigarlos.

3. Desde el momento de su detención hemos denunciado y probado que las acusaciones son falsas y que nuestros compañeros y compañeras son presos políticos y de conciencia porque han sido privados de su libertad por defender los derechos del pueblo y por seguir adelante en la lucha de sus justas demandas.

4. La Justicia cuando no es pronta, deja de ser justicia, y el día de hoy los presos de Candelaria se mantienen presos al interior del penal de San Francisco de Koben porque el Magistrado Unitario de Circuito con sede en esta ciudad, infringiendo flagrantemente la Ley, no ha resuelto la apelación interpuesta debidamente por la defensa, a pesar de que la fecha para que resolviera venció el 26 de agosto. Por lo tanto le exigimos que resuelva dicha apelación y que actúe conforme a la Ley para dejar en libertad inmediata y absoluta a nuestras compañeras y compañeros.

5. Exigimos a la Procuraduría General de la República que se desista de las acciones penales presentadas contra los miembros de la Resistencia civil de Candelaria, que deje de interponer recursos de revisión contra los Amparos que se han venido concediendo a nuestros compañeros y sobre todo que deje de intimidar, hostigar, amenazar y amedrentar a las y los luchadores sociales de Campeche.

6. La actuación de las instituciones federales tanto de procuración como de impartición de justicia han violentado los derechos humanos de nuestros compañeros y compañeras, han colocado en una situación de riesgo a decenas de compañeros más y sobre todo han sido claras en criminalizar la resistencia civil y cualquier otra forma de organización que pretenda defender los derechos del pueblo.

7. A partir de este día y hasta que nuestros compañeros sean puestos en libertad y exonerados de todos los cargos anunciamos que estaremos realizando una serie de movilizaciones, marchas, actos de tomas de edificios públicos, bloqueos de carreteras, y cualquier otra acción de fuerza y presión que sea determinada por las organizaciones y comunidades que suscriben este pronunciamiento para demostrarle al Gobierno Federal que la lucha de Candelaria es una lucha nacional y que ellos y ellas no están solos.

8. Anunciamos que no permitiremos que se detenga a ningún otro compañero o compañera integrante de la resistencia de Candelaria y que haremos frente como Encuentro Nacional a cualquier intento de detención que se pretenda desarrollar en las próximas semanas.

9. De igual manera, este Encuentro se solidariza con la lucha de los habitantes de San Antonio Ebulá y le exige a las autoridades del Gobierno del Estado de Campeche que interceda para resolver este conflicto con una propuesta seria, convincente y que atienda a las necesidades reales y concretas de los afectados y que no solamente sea transmisor de la propuesta del empresario Eduardo Escalante.

10. El Gobierno del Estado debe asumir su responsabilidad plena en este conflicto y garantizar la reparación del daño a todas las familias así como garantizar el desistimiento de todos los procedimientos penales iniciados contra nuestros compañeros y compañeras de Ebulá, como una muestra de la intencionalidad de sus acciones y para sentar las condiciones mínimas necesarias para establecer una mesa formal que atienda las exigencias de fondo de nuestros compañeros y compañeras desalojados injustamente.

A las autoridades estatales y federales, les reiteramos que nuestra lucha es una lucha justa, que nuestra defensa por los derechos del pueblo mexicano seguirá adelante y que irá creciendo día a día en todo el país hasta que los gobiernos escuchen nuestros reclamos y los atiendan totalmente.

¡ALTO A LA REPRESIÓN!

¡LIBERTAD A LOS PRESOS Y PRESAS DE CANDELARIA, CAMPECHE!

¡JUSTICIA PARA EL PUEBLO DE SAN ANTONIO EBULA!

¡BASTA DE HOSTIGAMIENTO Y CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES!

Campeche: Resistencia civil contra las altas tarifas de luz de Candelaria; Frente en Defensa de la Tierra del Pueblo de Ebulá; Movimiento de Apoyo Popular Zapatista; Colectivos militantes de la Juventud Comunista de México en Campeche; Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Vivienda Digna.

Chiapas: Red Estatal de Resistencia Civil “La Voz de Nuestro Corazón” adherentes a La Otra Campaña; Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa; Las Abejas de Acteal; Comité de Campesinos Pobres; Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC).

Distrito Federal: Partido de los Comunistas; Partido Revolucionario de los Trabajadores; Coordinación Estudiantil UNAM; Organización Tlacaélel; Técnicos en Defensa de la Luz Popular.

Estado de México: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco; Colectivo Estudiantil Universidad Autónoma Chapingo.

Nayarit: Movimiento Popular de Usuarios

Oaxaca: Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI); Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS); Movimiento de Resistencia Civil del Istmo.

Puebla: Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ-Puebla)

Veracruz: Resistencia civil indígena y popular contra las altas tarifas de energía eléctrica, Sur de Veracruz; Radio Aamay-Iyoltokniwan, La Voz Pura de la Sierra.

Yucatán: Equipo Indignación; La Otra Campaña Peninsular; Movimiento de Cultura Popular.

Nacionales: Red Nacional de Resistencia Civil a las altas tarifas de la energía eléctrica; Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); Red de radios comunitarias indígenas del Sureste Mexicano; Organización Nacional del Poder Popular (ONPP); Diálogo Nacional; Juventud Comunista de México.

http://resistenciacandelaria.lunasexta.org

Continuar leyendo este artículo...

"Hay muchas Jacintas presas"

Acompañada por familiares, la ñañú Jacinta Francisco Marcial visitó la Basílica de Guadalupe para dar gracias por su liberación. La indígena deploró que aún permanezcan en cárceles de México numerosas mujeres acusadas de crímenes que no cometieron
Foto Francisco Olvera

Carolina Gómez Mena

Segura de que con ella se cometió una "injusticia" y de que su fe en Dios y en la Virgen de Guadalupe le dio valor para enfrentar los tres años que estuvo en prisión, Jacinta Francisco Marcial lamentó que sigan encarceladas muchas otras mujeres acusadas de crímenes que no cometieron, entre ellas sus compañeras Teresa González y Alberta Alcántara.

"Hay muchas Jacintas en las cárceles de México", lamentó la ñañú, excarcelada esta semana luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo encontrar pruebas para imputarle el delito de secuestro de seis efectivos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Entrevistada en la Basílica de Guadalupe, adonde acudió junto a su marido y familiares a "dar gracias a mi madre, la Virgen, a la que le oré mucho durante estos tres años para que me diera fuerzas", la mujer de 46 años insistió: "no le guardo rencor a la gente que me encarceló, los perdono".

No obstante, resaltó que eso no significa que no deban enfrentar la justicia por lo que le hicieron, ni que sus abogados vayan a desistir en demandar la reparación del daño y una indemnización económica.

A su vez, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, confirmó que buscarán la indemnización, pero acotó que se debe hallar la vía pertinente, porque en el país "no hay mecanismos efectivos de reparación del daño para personas que son excarceladas o declaradas inocentes en un proceso penal".

La compensación económica se buscará porque "esto no puede quedar impune. Ella (...) ahora está contenta, pero sabemos que las consecuencias físicas y sicológicas vienen después", añadió.

Destacó que no sólo se exigirá reparación económica, sino también que "la PGR sancione a los responsables; también pondremos una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez que llevó el caso".

Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Pro, calificó la liberación de Jacinta de "avance importante en materia de justicia", y refirió que fue fruto de un "esfuerzo colectivo".

Manifestó que esperan que de ahora en adelante haya un "compromiso firme del gobierno mexicano para que este tipo de hechos no se repitan; ahora nuestra prioridad es demandar la excarcelación de Alberta y Teresa".

En una de las capillas de la Basílica se celebró una misa en agradecimiento por la excarcelación de Jacinta, que luego se reunió en privado con el rector de la Basílica, Diego Monroy, quien le expresó su alegría por la liberación y señaló que injusticias como la cometida en su contra no deben repetirse.

A su salida de la reunión con Monroy, Jacinta recibió numerosas muestras de apoyo, por lo que apuntó: "ahora sé que tengo una familia muy grande". Descartó ser ahora símbolo contra la injusticia, pero admitió que la justicia sí se puede vencer.

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Germán López Morales, director en México de la Organización Internacional del Trabajo, aseveró que la intervención de Naciones Unidas fue "fundamental" para que Jacinta Francisco recobrara la libertad.

"La voz de Naciones Unidas es escuchada por el mundo; lo cual es muy alentador, y en este caso algún efecto debió tener."

Sobre la reparación del daño, sostuvo que la legislación provee mecanismos de compensación que deben explorarse y aplicarse.

Con información de Elio Henríquez, corresponsal

Continuar leyendo este artículo...

Violación a los derechos humanos en Campeche (Mex)

Informe de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá, Campeche

El informe completo puede consultarse en www.indignacion.org.mx o descargarse aquí

Bajar Archivo / Download File: informe_mision_paz_ebula_vf.pdf


El Gobierno del estado de Campeche es responsable de la situación de desplazamiento y de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños, quienes fueron desalojados violenta e ilegalmente de la tierra que han habitado durante más de cuarenta años, concluye la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá al presentar su informe de observación.

El informe, presentado tres días después de iniciar un nuevo Gobierno en Campeche, anota que la nueva administración es responsable de investigar dichas violaciones, sancionar a los responsables y garantizar a los pobladores de San Antonio Ebulá el pleno respeto a sus derechos, lo que incluye la restitución de sus tierras, la reparación del daño y el acceso a la justicia.

La Misión Civil de Paz, conformada por 23 organizaciones de derechos humanos, movimientos y agrupaciones del país, se propuso acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre sus tierras, justicia y paz.

Entre las acciones que ha realizado esta Misión se encuentra una “visita in situ” a Campeche, entrevistas con las y los pobladores desplazados, visita al lugar de los hechos y el acompañamiento al retorno decidido por los pobladores el 8 de septiembre, el cual fue impedido por empleados del empresario que se arroga la propiedad de las tierras y por la inacción del gobierno de Campeche, que incumplió su obligación de garantizar condiciones de seguridad para el retorno.

Empleados del empresario, después de atacar y destruir el poblado, bloquearon el camino de acceso con zanjas y montículos de tierra y escombros, según pudo constatar la Misión. Además enterraron trampas de maderas con clavos en los costados de dichos montículos. Un integrante de la Misión resultó lesionado con una de esas trampas.

La Misión también se entrevistó con el ex Secretario de Gobierno, quien admitió que el desalojo del 13 de agosto lo realizó un particular, el empresario Eduardo Escalante, sin orden legal y sin facultades para realizarla, y que la policía no acudió a desalojar sino a atender una llamada de auxilio por un enfrentamiento. En dicha entrevista el ex Secretario de Gobierno, Ricardo Medina Farfán, se negó a proporcionar condiciones de seguridad para el Retorno y advirtió que el ingreso a una propiedad privada se consideraría una violación al estado de derecho.

Lo anterior es motivo de alarma para la Misión. La violación a los derechos humanos y la impunidad constituyen siempre un riesgo para la paz.

La elaboración y presentación del informe de observación, que se está haciendo llegar a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a instancias de gobierno estatal y federal, es una de las acciones que la Misión realiza para contribuir a lograr una solución justa para San Antonio Ebulá.

El día de hoy, mientras se presenta el informe, una comisión está entregando un ejemplar al representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

La Misión concluye que el caso de San Antonio Ebulá exhibió la sujeción del Gobierno de Campeche, de la administración que concluyó el 15 de septiembre pasado, a intereses empresariales y particulares. El empresario que contrató a civiles para agredir a los ebuleños y desalojarlos ilegalmente es suegro del extinto Secretario de Gobernación federal, Juan Camilo Mouriño, y su familia es de tradición priísta en Campeche.

De hecho una de sus hijas, Ana Martha Escalante, será diputada local del Congreso del estado de Campeche a partir del primero de octubre próximo.

Un delito tan grave, como lo es el ataque a una población, no ha sido investigado ni sancionado a pesar de haberse cometido en tres ocasiones contra los ebuleños, la última con consecuencias tan devastadoras como la destrucción total del pueblo y la situación de desplazamiento de sus habitantes.

La Misión encuentra que el Gobierno de Campeche, particularmente servidores públicos de la administración que concluyó recientemente, violaron el derecho de los ebuleños a no ser desplazados, a la integridad física, a la vivienda, a no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y a la justicia, además de violentar derechos que tienen como pueblo maya y el derecho a la asistencia humanitaria por su condición de desplazados.

El gobierno que inicia tiene la obligación de investigar estas violaciones, sancionar a los responsables y garantizarles a los ebuleños el respeto pleno a todos sus derechos, lo que incluye el derecho a la tierra y a ser reconocidos como pueblo en todas las instancias pertinentes.

Las organizaciones que conforman la Misión Civil de Paz por una Solución Justa en San Antonio Ebulá, Campeche, son:

SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ * EQUIPO INDIGNACIÓN, YUCATÁN * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS, ACTEAL, CHIAPAS * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS “FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA” * ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES DE PRESOS DE OCOSINGO * CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS * INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL, INESIN * MOVIMIENTO INDÍGENA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA, OCOSINGO * KICHAN KIÑANOB, ZONA NORTE, CHIAPAS * CASA DE LA MUJER, MUNICIPIO DE PALENQUE * EDUCACION PARA LA PAZ, COMITÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * PRODESC * COLECTIVOS MILITANTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO EN CAMPECHE * MOVIMIENTO DE RESISTENCIA DEL NO PAGO A LAS ALTAS TARIFAS DE LA LUZ ELÉCTRICA, DE CANDELARIA, CAMPECHE * COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE TABASCO * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR, YUCATÁN * FORO CULTURAL AMARO DE YUCATÁN

Quienes presentamos el presente informe como un paso más para lograr que el pueblo de San Antonio Ebulá consiga retornar a su pueblo y acceda a la restitución, la certeza, la justicia y la paz a la que tiene derecho.

Continuar leyendo este artículo...

Piden desalojo de zapatistas

Los nativos de Huitepec señalaron que son víctimas del abuso y explotación de las bases de apoyo.
E. H. CP

"El problema que tenemos es que estos compañeros (los zapatistas) ya no están respetando el acuerdo y hay una zona que está siendo utilizada para labores agrícolas"

Elio Henríquez * CP. Cerca de cien habitantes de la ranchería Huitepec Los Alcanfores marcharon por las calles de San Cristóbal de Las Casas para exigir que sean desalojados los indígenas bases de apoyo zapatista de la reserva ubicada en esa zona, compuesta por 102 hectáreas.

"El problema que tenemos es que estos compañeros (los zapatistas) ya no están respetando el acuerdo y hay una zona que está siendo utilizada para labores agrícolas", dijo el agente municipal, Javier Alejandro Cabrera Cano.

Los inconformes, hombres, mujeres y niños, iniciaron la marcha en la zona del Periférico Poniente por la mañana y al mediodía llegaron al Parque Central donde realizaron un mitin de protesta frente a la Alcaldía para exigir la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales.

"La gente de Alcanfores está sumamente molesta porque ese terreno ha sido cuidado por ellos, por sus abuelos y tatarabuelos por cientos de años y es de donde nos surtimos de agua", dijo Cabrera Cano. "Por eso estamos pidiendo la intervención del Gobierno Federal y Estatal para que se solucione el problema", señaló.

En entrevista agregó que los indígenas bases de apoyo zapatista "no han aceptado un acercamiento con nosotros, incluso hemos estado en Oventic para llegar a acuerdos con ellos sin lograrlo; nosotros estamos en una zona que el Gobierno del Estado decretó como área natural protegida según el acuerdo 154 del 7 de marzo del 2007, y el 13 de ese año llegaron los zapatistas a posesionarse y a decir que ellos iban a cuidar lo que esta gente ha cuidado durante cientos de años".

En seguida intervino una mujer para asegurar: "Nosotros somos nativos de Alcanfores y hemos cuidado esas tierras por cientos de años. No es justo que llegue gente de fuera y no nos dejen ejercer nuestros derechos como nativos. No nos dejan ver ni limpiar los ojos de agua."

Cabrera Cano informó que el próximo lunes entregarán un escrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que haga una visita de inspección y certifique la denuncia de tala de árboles que está haciendo.

"Con ese documento estaremos en condiciones de presentar una demanda en contra de ellos porque será la prueba que estamos necesitando en este momento", subrayó el Agente Municipal.

Dijo que el problema del manantial, que tuvieron hace algún tiempo ambos grupos, se superó "a raíz de que presentamos la denuncia y los medios de comunicación la difundieron ampliamente; ya se solucionó y ya no hemos vuelto a tener problemas".

Sostuvo que los zapatistas "tienen un campamento de manera rotativa con la presencia de gente de fuera; ellos serán indígenas pero no son nativos de Huitepec. Los que están aquí no son indígenas pero sí nativos".

Al preguntarle si no ha habido enfrentamientos, respondió: "No es nuestra política, pero si al final de cuentas no hay solución no va a quedar otro remedio más que llegar a ese límite", expusieron.

Continuar leyendo este artículo...

Esperan liberación de coacusadas de Jacinta (Mex)

Señala su abogado que las pruebas y testimonios en que se basa la sentencia son los mismos

No hay razón para que sigan en prisión, dice; debería haber una resolución judicial luego del día 22

Emir Olivares Alonso


No hay razón para que Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, indígenas ñañú coacusadas con Jacinta Francisco Marcial de haber "secuestrado" a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), continúen presas, aseguró su abogado, José Leónides Ortiz Castillo.

En entrevista, informó que el 4 de septiembre pasado un tribunal de Guanajuato determinó que no existían pruebas suficientes contra sus defendidas (presas desde hace más de tres años), por lo que dio 10 días hábiles al juez de la causa para reponer el procedimiento o concluir con la no responsabilidad penal.

El plazo constitucional con el que cuenta el juez se cumplirá entre el 21 y el 22 de septiembre, por lo que días después ambas mujeres podrían obtener su libertad.

El litigante dijo que la liberación de doña Jacinta –el pasado 16 de septiembre, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) decidió no presentar conclusiones acusatorias en su contra– debe ser un precedente para que sus clientas –sentenciadas a 21 años de prisión– sean liberadas.

Ortiz Castillo confió en que la dependencia federal aplique el mismo criterio a favor de las aún detenidas en el penal de San José el Alto, Querétaro, pues argumentó que el Ministerio Público federal las acusó con las mismas pruebas y testimonios que se usaron contra Jacinta Francisco.

En agosto de 2006, Teresa y Alberta fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el "secuestro" de los agentes federales en el poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro. En marzo de ese año los policías, vestidos de civil, realizaron un operativo en el mercado del poblado con el argumento de confiscar piratería.

Estas acciones provocaron la molestia de varios comerciantes que en demanda de que se les pagaran los productos sustraídos se enfrentaron y retuvieron a los elementos de la AFI. A fin de llegar a acuerdos, un mando policiaco y los inconformes convinieron en que uno de sus subordinados se quedaría en el pueblo como garantía de que serían subsanados económicamente los daños. Sin embargo, pese al acuerdo, los afis denunciaron haber sido secuestrados.

El abogado señaló que sus defendidas estuvieron cerca de la gresca; sin embargo, subrayó que "no hay delito qué perseguir, era un acuerdo. Además, las pruebas carecen de sustento".

El Ministerio Público aportó contra las tres detenidas las mismas probanzas: la fotografía de un diario local en la que aparecen en el momento de los hechos y los testimonios de los agentes, las cuales fueron consideradas insuficientes por la PGR en el caso de Jacinta.

Ortiz Castillo informó que desde septiembre de 2006 denunció ante la PGR a los seis policías, a su superior, al agente del Ministerio Público Federal, Gerardo Cruz Bedolla, y al juez de la causa, Rodolfo Pedraza Longi, por "integrar ilegalmente" la averiguación previa contra sus clientas al proporcionar “informes y testimonios falsos; por encubrimiento; vulnerar su derecho a un proceso justo –no se les proporcionó traductor al ñañú–, se vulneró su derecho a la presunción de inocencia” y otros.

El abogado señaló que uno de los policías denunciantes testificó en el acta que el agente del Ministerio Público acudió al lugar de los hechos y firmó el convenio de conciliación al que habían llegado los uniformados y los comerciantes, hecho que no se asentó en la averiguación previa, "lo que constituye otra irregularidad".

Indicó que si bien se demandará la reparación del daño de Teresa y Alberta, su primer objetivo es que éstas salgan libres, pues "están recluidas por un delito que no cometieron".

Continuar leyendo este artículo...

Agresión y violación a los derechos indígenas y campesinos (Mex)

Aseguran que el hecho se ejecutó "bajo cobertura del gobierno" de Chiapas

Denuncian agresión de la Opddic contra el abogado del centro Fray Bartolomé, en Jotolá

Ricardo Lagunes fue emboscado y golpeado; en la gresca resultó herido de bala un indígena tzeltal

Hermann Bellinghausen


Integrantes de la priísta Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), grupo "de corte paramilitar", quienes este viernes emboscaron y agredieron en Jotolá (municipio de Chilón, Chiapas) a Ricardo Lagunes Gasca, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), e hirieron de bala a Carmen Aguilar Gómez, actuaban "bajo cobertura del gobierno del estado", aseguró el CDHFBC, que responzabilizó especialmente al subsecretario general de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez.

Cabe señalar que este funcionario ha operado con peligrosa ineficacia los conflictos de San Sebastián Bachajón y Mitzitón, entre otros, en mal disimulada alianza con los priístas de la Opddic y del Ejército de Dios.

Los hechos ocurrieron en el ejido Jotolá (municipio de Chilón, Chiapas), donde Lagunes Gasca se detuvo brevemente para informar sobre la situación de dos presos del vecino San Sebastián Bachajón, ya que los ejidatarios de dicha localidad sostenían una reunión de trabajo con los de Jotolá. Ambos grupos son adherentes de la otra campaña.

Cuando se retiraba, los de la Opddic le cerraron el paso a su vehículo con piedras y un tronco. Allí "fue golpeado por unas 60 personas con palos, piedras, machetes y armas de fuego"; fue bajado del vehículo e "intentaron llevárselo con rumbo desconocido", refiere el CDHFBC.

Al percatarse, indígenas de la otra campaña intervinieron. Los de la Opddic "reaccionaron disparando sus armas", por lo que resultó herido de bala en el muslo izquierdo el joven tzeltal Carmen Aguilar Gómez, de San Sebastián Bachajón.

Los agredidos "se dispersaron para evitar la confrontación". Los de la Opddic "rodearon las casas de los ejidatarios, amenazándolos con sacarlos". Aproximadamente 20 personas "realizaban rondines portando armas de distintos calibres", además de posesionarse de la casa ejidal.

Acusación incómoda

Antes de la agresión, pobladores de Jotolá habían visto que elementos de la policía estatal preventiva (PEP) se entrevistaban con integrantes de la Opddic, a quienes oyeron decir que entrarían a la casa ejidal y agredirían a los adherentes de la otra campaña.

El pasado 20 de agosto, ejidatarios de Jotolá y San Sebastián, denunciaron el clima de hostigamiento y amenazas por parte de la Opddic; dieron a conocer que los cabecillas provienen de Monte Líbano y cuentan con órdenes de aprehensión por homicidio y violación.

También denunciaron al subsecretario Ponce Sánchez "por engaño", pues no acudió a una reunión donde se fijaría plazo para la liberación de dos indígenas de San Sebastián actualmente presos.

Tras aquella denuncia, los ejidatarios de Jotolá empezaron a ser hostigados por elementos de la PEP, amagando con detener al comisario ejidal Pascual Sánchez Pérez. Desde entonces la policía estatal ha mantenido patrullajes permanentes.

A principios de septiembre una fuente oficial hizo saber al CDHFBC que la denuncia "incomodó" al subsecretario Ponce Sánchez, quien envió a la policía ministerial y a la PEP para detener al comisariado ejidal y al profesor Ricardo Sánchez, vocero de la incómoda acusación.

La agresión se da en un contexto de hostilidad "por parte de diversos actores y medios de comunicación" contra el CDHFBC, el cual señala "la promoción que el gobierno ha hecho, incluído el gobernador Juan Sabines Guerrero, contra su trabajo de defensa y acompañamiento".

Una veintena de agresores están identificados, de los cuales portaban armas de fuego Agustín Hernández Santís (disparó una escopeta), Guadalupe Cruz Méndez (quien hirió a Carmen Aguilar), Medardo Cruz Méndez, Miguel Gómez Hernández, Manuel Moreno Pérez, Daniel Moreno Pérez, Rogelio Cruz Méndez y Juan Cruz Méndez.

Según medios locales, se trató de una "gresca" entre la Opddic y "zapatistas". Niegan la agresión a Lagunes Gasca y reportan que diferentes corporaciones policiacas llegaron "cuando todo se encontraba en aparente calma". O sea, demasiado tarde.

Continuar leyendo este artículo...