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EU y Canadá contra indígenas mohawks
Los indígenas de la reserva de St Regis, entre Estados Unidos y Canadá, viven en permanente estado de sitio. No sólo han visto reducido su territorio sino que ahora tienen a efectivos de los dos países en sus calles y tierras. A la intimidación armada se suman el acoso mediante cámaras fotográficas y de video y las intervenciones telefónicas. Los pretextos: el combate al terrorismo y el contrabando.
La reserva aborigen de St Regis está ubicada en un área remota y ocupa una posición geográfica única a lo largo de la vasta frontera entre Canadá y Estados Unidos.
Su territorio se extiende por ambas orillas del río San Lorenzo, ya que dos tercios de la misma están en la parte estadunidense y un tercio en el lado canadiense.
Está ubicada además dentro de dos condados pertenecientes a Nueva York y entre dos provincias, Quebec y Ontario, lo que implica que la población interactúa con cinco gobiernos locales diferentes.
Un detalle curioso es que los residentes de esta reserva tienen tres códigos telefónicos distintos: 613 (Ontario), 514 (Quebec) y 518 (Nueva York). Los códigos postales funcionan uno para la parte estadunidense y el otro para la canadiense, de acuerdo con el doctor Ernest R Rugenstein en su libro El choque de las culturas.
La Confederación Iroquesa, o de las Cinco Naciones, estaba constituida por tribus amerindias que hablaban la lengua iroquesa, habitaban el Noreste de Estados Unidos y el Sureste de Canadá en la zona de los Grandes Lagos. Estaba formada originalmente por cinco tribus: cayuga, mohawk, oneida, onondaga y seneca que se confederaron a mediados del siglo XII, y a las que se sumaron los tuscarora en 1720.
En 1750, la tribu kahnawake se unió con los iroquíes donde los colonizadores franceses habían establecido varias misiones de padres jesuitas a lo largo del río St Regis, que servía para la caza y la pesca. En 1796, las comunidades indígenas solicitaron a los respectivos gobiernos fronterizos que les permitieran permanecer en esa área, por lo que se les otorgó un pequeño espacio de terreno, el cual se reducía cada que se firmaban nuevos tratados.
Para 1888, el pueblo mohawk aceptó oficialmente las condiciones que impusieron los colonizadores y después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos estas tribus se reunieron en Washington con el gobierno federal.
La reserva tiene un Consejo de Jefes de Tribus que existe hasta hoy, compuesto por tres jefes que se ocupan de los asuntos sociales, económicos, de salud, educación, y de sus propias leyes y regulaciones internas. También tienen restaurantes, supermercados y tiendas de artesanías, hoteles, clubs, museos, centros de ejercicios y empresas de bienes raíces que en total conforman 116 establecimientos legalmente registrados. Otro de los factores a los cuales deben enfrentarse los mohawks (aparte de sus múltiples instituciones representativas internas) son las diferencias culturales por habitar entre dos países.
Por ejemplo, tienen que comunicarse con los canadienses de Quebec que hablan francés, con los que hablan inglés y en la parte de Nueva York que es muy rural y tiene sus propias características especiales.
Otra dificultad es que los integrantes de la reserva no reconocen la línea fronteriza, la cual consideran una imposición artificial de los colonizadores en 1754, señala Michael T Kaufman en su libro Al pueblo mohawks le interesan sus fronteras.
Ya en la década de 1950, la tribu desafió la porosidad de dicha frontera y comenzó a comprar electrodomésticos y a cruzarlos, lo que provocó una división al interior entre los que se oponían a ese trasiego y los que se dedicaron de tiempo completo al contrabando. En tiempos de la Ley Seca se cruzaron de Canadá a Estados Unidos una gran cantidad de bebidas alcohólicas y de inmigrantes ilegales por la zona que ocupaba la reserva.
En las décadas de 1970 y 1990, esta comunidad se convirtió en una vía para el contrabando de medicamentos, cigarros y de inmigrantes. En ocasiones, los traficantes eran capturados, pero la mayoría de las veces lograban escapar. En 1989, ocurrió una confrontación interna en la tribu entre una facción que quería promover la construcción de casinos de juego y otra que se oponía. Los ánimos se caldearon, lo que condujo a tiroteos y la muerte de algunos de los involucrados en esas grescas.
De acuerdo con datos del Censo de los Estados Unidos de 2000, había 26 mil 851 nativos americanos y 29 mil 742 en Quebec y Ontario, indica Ronald Wright en su libro Continentes robados.
La reserva se convirtió en un verdadero estado policial después de los atentados del 11 de septiembre de 2001; las autoridades redoblaron sus controles para evitar que elementos terroristas utilizaran a los contrabandistas para moverse entre ambos países.
Las mismas no hacen llamados de atención o ponen multas y ahora los puntos de control tienen más de 30 policías armados con ametralladoras, lo que resulta intimidante para los indígenas locales.
Otra situación nueva es que la Patrulla Fronteriza triplicó sus efectivos armados a lo largo de la demarcación y ahora tienen la potestad incluso de entrar hasta 100 kilómetros en la profundidad del territorio o la zona costera de Estados Unidos.
Aún más peligroso es el uso de aviones no tripulados que salen de la base militar de Fort Drum en Watertown, Nueva York. Éstos se utilizan para vigilar los movimientos de la población (que tiene que transitar obligatoriamente por los parajes fronterizos), toman fotografías, lanzan misiles y hasta intervienen conversaciones. También hay cámaras de vigilancia en las escuelas, establecimientos, calles y en casi todos los locales que los residentes visitan habitualmente.
Lo cierto es que se repite lo ocurrido entre 1775 a 1779, cuando el paraíso de estos nativos llamado Mantuana o El Jardín del Gran Espíritu fue destruido totalmente, donde los mohawks vivían en paz y habían construido vínculos con los recién llegados colonizadores.
La reserva aborigen de St Regis está ubicada en un área remota y ocupa una posición geográfica única a lo largo de la vasta frontera entre Canadá y Estados Unidos.
Su territorio se extiende por ambas orillas del río San Lorenzo, ya que dos tercios de la misma están en la parte estadunidense y un tercio en el lado canadiense.
Está ubicada además dentro de dos condados pertenecientes a Nueva York y entre dos provincias, Quebec y Ontario, lo que implica que la población interactúa con cinco gobiernos locales diferentes.
Un detalle curioso es que los residentes de esta reserva tienen tres códigos telefónicos distintos: 613 (Ontario), 514 (Quebec) y 518 (Nueva York). Los códigos postales funcionan uno para la parte estadunidense y el otro para la canadiense, de acuerdo con el doctor Ernest R Rugenstein en su libro El choque de las culturas.
La Confederación Iroquesa, o de las Cinco Naciones, estaba constituida por tribus amerindias que hablaban la lengua iroquesa, habitaban el Noreste de Estados Unidos y el Sureste de Canadá en la zona de los Grandes Lagos. Estaba formada originalmente por cinco tribus: cayuga, mohawk, oneida, onondaga y seneca que se confederaron a mediados del siglo XII, y a las que se sumaron los tuscarora en 1720.
En 1750, la tribu kahnawake se unió con los iroquíes donde los colonizadores franceses habían establecido varias misiones de padres jesuitas a lo largo del río St Regis, que servía para la caza y la pesca. En 1796, las comunidades indígenas solicitaron a los respectivos gobiernos fronterizos que les permitieran permanecer en esa área, por lo que se les otorgó un pequeño espacio de terreno, el cual se reducía cada que se firmaban nuevos tratados.
Para 1888, el pueblo mohawk aceptó oficialmente las condiciones que impusieron los colonizadores y después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos estas tribus se reunieron en Washington con el gobierno federal.
La reserva tiene un Consejo de Jefes de Tribus que existe hasta hoy, compuesto por tres jefes que se ocupan de los asuntos sociales, económicos, de salud, educación, y de sus propias leyes y regulaciones internas. También tienen restaurantes, supermercados y tiendas de artesanías, hoteles, clubs, museos, centros de ejercicios y empresas de bienes raíces que en total conforman 116 establecimientos legalmente registrados. Otro de los factores a los cuales deben enfrentarse los mohawks (aparte de sus múltiples instituciones representativas internas) son las diferencias culturales por habitar entre dos países.
Por ejemplo, tienen que comunicarse con los canadienses de Quebec que hablan francés, con los que hablan inglés y en la parte de Nueva York que es muy rural y tiene sus propias características especiales.
Otra dificultad es que los integrantes de la reserva no reconocen la línea fronteriza, la cual consideran una imposición artificial de los colonizadores en 1754, señala Michael T Kaufman en su libro Al pueblo mohawks le interesan sus fronteras.
Ya en la década de 1950, la tribu desafió la porosidad de dicha frontera y comenzó a comprar electrodomésticos y a cruzarlos, lo que provocó una división al interior entre los que se oponían a ese trasiego y los que se dedicaron de tiempo completo al contrabando. En tiempos de la Ley Seca se cruzaron de Canadá a Estados Unidos una gran cantidad de bebidas alcohólicas y de inmigrantes ilegales por la zona que ocupaba la reserva.
En las décadas de 1970 y 1990, esta comunidad se convirtió en una vía para el contrabando de medicamentos, cigarros y de inmigrantes. En ocasiones, los traficantes eran capturados, pero la mayoría de las veces lograban escapar. En 1989, ocurrió una confrontación interna en la tribu entre una facción que quería promover la construcción de casinos de juego y otra que se oponía. Los ánimos se caldearon, lo que condujo a tiroteos y la muerte de algunos de los involucrados en esas grescas.
De acuerdo con datos del Censo de los Estados Unidos de 2000, había 26 mil 851 nativos americanos y 29 mil 742 en Quebec y Ontario, indica Ronald Wright en su libro Continentes robados.
La reserva se convirtió en un verdadero estado policial después de los atentados del 11 de septiembre de 2001; las autoridades redoblaron sus controles para evitar que elementos terroristas utilizaran a los contrabandistas para moverse entre ambos países.
Las mismas no hacen llamados de atención o ponen multas y ahora los puntos de control tienen más de 30 policías armados con ametralladoras, lo que resulta intimidante para los indígenas locales.
Otra situación nueva es que la Patrulla Fronteriza triplicó sus efectivos armados a lo largo de la demarcación y ahora tienen la potestad incluso de entrar hasta 100 kilómetros en la profundidad del territorio o la zona costera de Estados Unidos.
Aún más peligroso es el uso de aviones no tripulados que salen de la base militar de Fort Drum en Watertown, Nueva York. Éstos se utilizan para vigilar los movimientos de la población (que tiene que transitar obligatoriamente por los parajes fronterizos), toman fotografías, lanzan misiles y hasta intervienen conversaciones. También hay cámaras de vigilancia en las escuelas, establecimientos, calles y en casi todos los locales que los residentes visitan habitualmente.
Lo cierto es que se repite lo ocurrido entre 1775 a 1779, cuando el paraíso de estos nativos llamado Mantuana o El Jardín del Gran Espíritu fue destruido totalmente, donde los mohawks vivían en paz y habían construido vínculos con los recién llegados colonizadores.
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La marcha por el Tipnis y USAID
Tras la expulsión del embajador de Estados Unidos, quien fogoneaba un proceso de conspiración desde Santa Cruz y cuyas finalidades incluían la separación del departamento de Santa Cruz hasta su “independencia”, el gobierno boliviano anunció la próxima expulsión de la agencia para el desarrollo, más conocida como Usaid.
El anuncio nunca se cumplió y hoy los gobernantes estarán arrepentido, pues sus actividades se aceleraron junto a numerosas Ong’s organizadas en Pando y Beni, aparentando promocionar programas de medio ambiente y derechos indígenas, que en realidad son líneas de subversión contra el gobierno del proceso de cambio.
La Usaid, es en realidad, la “cara visible de la CIA”, cuyos métodos y enormes sumas de dinero están dirigidos a crear oposición interna, fragmentar la sociedad y ofrecer falsas imágenes de Bolivia en el exterior. Estos trabajos, también se ejecutan en Cuba, donde fueron descubiertos y denunciados por fuentes que lograron penetrar al organismo norteamericano.
Las Ong’s creadas por Usaid, se mueven construyendo trabajos en red creando Grupos de Sociedad Civil (GSC), ofreciendo iniciativas de autoempleo, abriendo posibilidades para promocionar la información política agresiva que conviene a los intereses norteamericanos.
La marcha por el Tipnis, será un caso típico de la conspiración norteamericana que más temprano que tarde será puesto al descubierto, pues sus preparativos datan de varios años, pero se aceleraron a partir de julio pasado con la llegada de tres norteamericanos contratadospor la embajada de Estados Unidos.
Los expertos norteamericanos en temas indígenas, Lindsay Robertson (Universidad de Oklahoma), Stephen Greetham (Asesor legal de la nación Chicklasaw de Oklahoma) y la historiadora Amanda Cobb, se reunieron con estudiantes, docentes y representantes de la sociedad civil en La Paz y Sucre. Tales expertos enfatizaron en las supuestas “bondades” legislativas estadounidenses respecto de los derechos de sus pueblos indígenas.
Las reuniones se llevaron a cabo del 9 al 14 de julio y en ellas los enviados por la embajada enfatizaron que en Estados Unidos los pueblos indios tienen propiedad sobre los recursos naturales, renovables y no. “En Estados Unidos, las tribus tienen derecho y son dueñas de los recursos que están sobre y debajo de ella, como el gas natural”, dijo Stephen Greetham.
Robertson, no se quedó atrás al señalar que “cada tribu es soberana con poderes inherentes y la constitución reconoce que los indígenas son pueblos distintos y la ley federal lo desarrolló en más de dos siglos, pero no es tan exacta como las leyes en Bolivia”. El mensaje era claro: donde hay gas, es de los pueblos indígenas y no de toda la población. Si comparamos, el discurso es el mismo que están promocionando los líderes marchistas.
El “especialista” Greetham, dijo que la tribu Chicklasaw tiene problemas de acceso al agua y que su gobierno tendrá que solucionar, sin afectar sus intereses, ya que de lo contrario “se estaría en una posición similar al gobierno boliviano respecto de la construcción de la carreterapor el Tipnis. Sus “comparaciones” conducen a hacer creer que el gobierno de Evo Morales está afectando los intereses indígenas.
Las intencionalidades de los “expertos” eran claras, pero lo que no dijeron respecto a los derechos indígenas norteamericanos es que de todas maneras viven acorralados en “reservas” y que sus recursos naturales son entregados a transnacionales por su dirigentes, a cambio de poder y dinero, para generar sus propias élites. En Bolivia también surgieron denuncias contra dirigentes que venden pedazos de sus TCO a inversionistas privados.
La llegada de los “especialistas” un mes y medio antes del inicio de la marcha indígena desde Trinidad, fue organizada por la embajada a través del Agregado de Cultura y Prensa, Benjamín G. Hess, jefe de Eliseo Abelo, un boliviano que sirve a Estados Unidos y es encargado de asuntos indígenas y cuyos contactos son operadores, antes radicales indianistas.
Fue precisamente Abelo, quien mantuvo profusa comunicación por celular con dirigentes como Adolfo Chávez (Cidob) y Rafael Quispe (Conamaq), poco antes de iniciarse la marcha que terminó en La Paz. Hess y Abelo, suelen ofrecer cursos en Estados Unidos con el argumento de interrelación con dirigentes indígenas de ese país.
El trabajo subversivo de la “cara visible de la CIA” está fortalecido desde febrero 2006, es decir un mes después que Evo Morales asumiera, tras la paliza electoral que diera a los partidos neoliberales, hoy reducidos a pequeños grupos opositores.
Sin duda, Morales recibió una muy dura experiencia política, que esperemos sepa incorporar a sus planes de estructurar un nuevo programa de gobierno a partir de los consensos que se logren en diciembre, tras haber cumplido la denominada “agenda de octubre”. Quienes respaldan el proceso de cambio, esperan la reconducción del proceso con rumbo verazmente revolucionario.
El anuncio nunca se cumplió y hoy los gobernantes estarán arrepentido, pues sus actividades se aceleraron junto a numerosas Ong’s organizadas en Pando y Beni, aparentando promocionar programas de medio ambiente y derechos indígenas, que en realidad son líneas de subversión contra el gobierno del proceso de cambio.
La Usaid, es en realidad, la “cara visible de la CIA”, cuyos métodos y enormes sumas de dinero están dirigidos a crear oposición interna, fragmentar la sociedad y ofrecer falsas imágenes de Bolivia en el exterior. Estos trabajos, también se ejecutan en Cuba, donde fueron descubiertos y denunciados por fuentes que lograron penetrar al organismo norteamericano.
Las Ong’s creadas por Usaid, se mueven construyendo trabajos en red creando Grupos de Sociedad Civil (GSC), ofreciendo iniciativas de autoempleo, abriendo posibilidades para promocionar la información política agresiva que conviene a los intereses norteamericanos.
La marcha por el Tipnis, será un caso típico de la conspiración norteamericana que más temprano que tarde será puesto al descubierto, pues sus preparativos datan de varios años, pero se aceleraron a partir de julio pasado con la llegada de tres norteamericanos contratadospor la embajada de Estados Unidos.
Los expertos norteamericanos en temas indígenas, Lindsay Robertson (Universidad de Oklahoma), Stephen Greetham (Asesor legal de la nación Chicklasaw de Oklahoma) y la historiadora Amanda Cobb, se reunieron con estudiantes, docentes y representantes de la sociedad civil en La Paz y Sucre. Tales expertos enfatizaron en las supuestas “bondades” legislativas estadounidenses respecto de los derechos de sus pueblos indígenas.
Las reuniones se llevaron a cabo del 9 al 14 de julio y en ellas los enviados por la embajada enfatizaron que en Estados Unidos los pueblos indios tienen propiedad sobre los recursos naturales, renovables y no. “En Estados Unidos, las tribus tienen derecho y son dueñas de los recursos que están sobre y debajo de ella, como el gas natural”, dijo Stephen Greetham.
Robertson, no se quedó atrás al señalar que “cada tribu es soberana con poderes inherentes y la constitución reconoce que los indígenas son pueblos distintos y la ley federal lo desarrolló en más de dos siglos, pero no es tan exacta como las leyes en Bolivia”. El mensaje era claro: donde hay gas, es de los pueblos indígenas y no de toda la población. Si comparamos, el discurso es el mismo que están promocionando los líderes marchistas.
El “especialista” Greetham, dijo que la tribu Chicklasaw tiene problemas de acceso al agua y que su gobierno tendrá que solucionar, sin afectar sus intereses, ya que de lo contrario “se estaría en una posición similar al gobierno boliviano respecto de la construcción de la carreterapor el Tipnis. Sus “comparaciones” conducen a hacer creer que el gobierno de Evo Morales está afectando los intereses indígenas.
Las intencionalidades de los “expertos” eran claras, pero lo que no dijeron respecto a los derechos indígenas norteamericanos es que de todas maneras viven acorralados en “reservas” y que sus recursos naturales son entregados a transnacionales por su dirigentes, a cambio de poder y dinero, para generar sus propias élites. En Bolivia también surgieron denuncias contra dirigentes que venden pedazos de sus TCO a inversionistas privados.
La llegada de los “especialistas” un mes y medio antes del inicio de la marcha indígena desde Trinidad, fue organizada por la embajada a través del Agregado de Cultura y Prensa, Benjamín G. Hess, jefe de Eliseo Abelo, un boliviano que sirve a Estados Unidos y es encargado de asuntos indígenas y cuyos contactos son operadores, antes radicales indianistas.
Fue precisamente Abelo, quien mantuvo profusa comunicación por celular con dirigentes como Adolfo Chávez (Cidob) y Rafael Quispe (Conamaq), poco antes de iniciarse la marcha que terminó en La Paz. Hess y Abelo, suelen ofrecer cursos en Estados Unidos con el argumento de interrelación con dirigentes indígenas de ese país.
El trabajo subversivo de la “cara visible de la CIA” está fortalecido desde febrero 2006, es decir un mes después que Evo Morales asumiera, tras la paliza electoral que diera a los partidos neoliberales, hoy reducidos a pequeños grupos opositores.
Sin duda, Morales recibió una muy dura experiencia política, que esperemos sepa incorporar a sus planes de estructurar un nuevo programa de gobierno a partir de los consensos que se logren en diciembre, tras haber cumplido la denominada “agenda de octubre”. Quienes respaldan el proceso de cambio, esperan la reconducción del proceso con rumbo verazmente revolucionario.
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Denuncian ante ONU la construcción de represa en la Amazonía brasileña.
Organizaciones humanitarias de Brasil denunciaron ante las Naciones Unidas que ejecutivos de la empresa que construye una represa en la Amazonia intimidaron a fiscales que cuestionan el emprendimiento por entender que amenaza el hábitat de los aborígenes que viven en la región.
El grupo de empresas Norte Energía S.A. fue acusado de intimidar al fiscal Felício Pontes Júnior y presionar a la Justicia para que lo aparte de sus funciones de veedor de las obras de la represa Belo Monte, que será la tercera mayor del mundo.
El Consejo Indigenista Misionario, la ONG Justicia Global y otras 12 entidades denunciaron al consorcio Norte Energía ante la Relatoría Especial sobre Autonomía del Poder Judicial de la ONU.
Los grupos cuestionaron además la construcción de Belo Monte por las consecuencias ecológicas que la obra tendrá en la región amazónica y por inundar tierras de los pueblos originarios de esa zona.
La usina Belo Monte también fue denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, que recomendó suspender su construcción.
El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff expresó semanas atrás su “perplejidad” por el parecer de la CIDH.
El grupo de empresas Norte Energía S.A. fue acusado de intimidar al fiscal Felício Pontes Júnior y presionar a la Justicia para que lo aparte de sus funciones de veedor de las obras de la represa Belo Monte, que será la tercera mayor del mundo.
El Consejo Indigenista Misionario, la ONG Justicia Global y otras 12 entidades denunciaron al consorcio Norte Energía ante la Relatoría Especial sobre Autonomía del Poder Judicial de la ONU.
Los grupos cuestionaron además la construcción de Belo Monte por las consecuencias ecológicas que la obra tendrá en la región amazónica y por inundar tierras de los pueblos originarios de esa zona.
La usina Belo Monte también fue denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, que recomendó suspender su construcción.
El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff expresó semanas atrás su “perplejidad” por el parecer de la CIDH.
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