11 nov 2008Editorial
La visita a México del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se realiza a contrapelo de los reclamos presentados la víspera por distintas organizaciones civiles, en el sentido de declarar a Uribe persona non grata por el “asesinato confeso” de al menos una veintena de personas durante la incursión militar ilegal que el ejército colombiano llevó a cabo el pasado primero de marzo en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, en la que perecieron los estudiantes mexicanos Verónica Velázquez, Soren Avilés, Fernando Franco y Juan González, y resultó herida la estudiante universitaria Lucía Morett Álvarez.
Tal demanda resultaba por lo menos atendible ante la necesidad de resarcir, en alguna medida, una dignidad nacional vapuleada por el gobierno uribista con los homicidios referidos –que el mandatario pretendió justificar de manera impúdica en abril pasado, cuando llamó “terroristas, narcotraficantes y secuestradores” a los connacionales muertos–, y por las propias autoridades mexicanas, las cuales reaccionaron de manera indolente, errática y hasta cómplice ante una acción injustificable y criminal, violatoria de la legalidad internacional, del principio de integridad territorial y la soberanía ecuatorianas, y de las consideraciones humanitarias elementales, que ameritaban emitir una condena enérgica ante el gobierno de Bogotá.
Por lo demás, menguado favor se ha hecho a sí misma la administración calderonista, sumida en críticas por el fracaso de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, al alabar la “cooperación” con Uribe y esgrimir la construcción de “un frente común contra la delincuencia organizada” –frases pronunciadas ayer por el propio Felipe Calderón al recibir en Los Pinos a su homólogo colombiano– con un personaje que ha tenido viejos y familiares vínculos con capos de la droga, como es público en Colombia y como lo señala un informe gubernamental estadunidense jamás desmentido (Uribe “ha trabajado para el cártel de Medellín y es amigo cercano de Pablo Escobar”, señalaba un reporte de la Agencia de Inteligencia de la Defensa estadunidense, DIA, elaborado en 1991). Adicionalmente, Uribe ha sido regularmente señalado por haber promovido la conformación de organizaciones paramilitares y por haber recibido apoyo de éstas y de lavadores de dinero del narcotráfico para sus sucesivas campañas electorales. De hecho, buena parte del entorno político del gobernante sudamericano ha sido desmantelado por los procesos penales contra sus integrantes.
Con tales antecedentes, es claro que el presidente de Colombia carece de autoridad moral para abordar, como lo hizo en su visita a México, temas relacionados con el combate a la corrupción, la lucha contra la delincuencia y la defensa de la legalidad y el Estado de derecho. En cambio, su presencia en el país y la prestancia con que lo acogió el grupo que detenta el poder debiera constituir un factor de agravio y preocupación para la sociedad mexicana en su conjunto.
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