Proyecto Alternativo de Nacion de AMLO 3seccion


agricultura, pesca, ganadería y producción forestal.
Consumo responsable
Promover en la sociedad la responsabilidad en el consumo y la información técnica para
normar la adquisición de productos naturales sanos y artículos que no dañen la
naturaleza. Reducir el consumo de productos contaminantes. Poner en práctica la
reutilización y el reciclamiento. Auspiciar el consumo solidario, el pago justo por el
trabajo realizado, eliminar discriminaciones, potenciar alternativas sociales y de
integración para procurar un nuevo orden social.

6. Combatir los monopolios
Los monopolios producen altos costos económicos y sociales y el enriquecimiento de
unos cuantos privilegiados. En México los grandes monopolios están vinculados al poder
político y, sin justificación, encarecen bienes y servicios, dañando la economía de
sectores populares, clases medias, pequeños y medianos productores, empresarios y
comerciantes, que se ven obligados a pagar precios exagerados.
Los intereses de los monopolios están representados en la oligarquía que domina la vida
política y los protege de la competencia. Sus prácticas disminuyen el poder adquisitivo
del salario, dañan a la planta productiva, afectan la calidad de vida de las familias y
profundizan la desigualdad social.
Los monopolios y los precios abusivos son anticonstitucionales
La apertura comercial acabó con la mayoría de las empresas nacionales y privilegió a
unas cuantas, muchas de ellas extranjeras. Los monopolios imponen su ley en el
mercado, a pesar de estar prohíbidos por el artículo 28 de la Constitución mexicana.
En este país empobrecido, la población paga más por bienes y servicios que en las
naciones ricas, a cambio de pésimas condiciones de calidad.
Es injustificable e inaceptable que, por ejemplo, con un salario mínimo doce veces menor
que el mínimo en Estados Unidos, los mexicanos paguemos por el cemento gris 100 por
ciento más que los estadounidenses; 17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por
ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 205 por ciento más por la
electricidad residencial de alto consumo; 20 por ciento más por electricidad de alta
tensión; 116 por ciento más por la tarjeta de crédito; 309 por ciento más por servicio
básico de televisión por cable; 176 por ciento más por crédito a la vivienda.
Los precios exagerados quitan hasta el 15% de los ingresos de la gente
Los precios exagerados quitan a las familias entre 10 y el 15 por ciento de sus ingresos y
reducen el consumo y el ahorro de las familias.
Las grandes empresas privilegiadas están protegidas contra la competenciaDesde del gobierno se protege a los monopolios y se frena cualquier intento de entrada de
nuevos competidores. De continuar estas prácticas, México no podrá competir con otros
países ni habrá nuevos empleos y, a la larga, tampoco habrá oportunidades para las
nuevas generaciones.
Los monopolios acaban con las inversiones productivas y el empleo
Una parte de las utilidades que legítimamente podrían obtener las empresas de menor
tamaño o el ahorro que podrían hacer los consumidores, son transferidas en forma de
precios altos a los monopolios.
Las empresas no favorecidas para operar deben reducir los salarios. Eso obliga a las
pequeñas industrias a operar muy por debajo de su potencial y a los consumidores a
reducir su consumo.
Con una regulación efectiva contra prácticas monopólicas, la economía crecería más
Si se evitaran los abusos de precios de los monopolios, sin precios exagerados, la
economía nacional podria crecer entre 2 y 4 puntos porcentuales del producto interno
bruto. Las prácticas monopólicas son un freno del crecimiento económico y el empleo.
La competencia debe ser una prioridad de Estado
La actual Ley de Competencia es ambigua, impecisa y sin sanciones suficientes; no
garantiza eliminar precios abusivos, atiende solo algunas prácticas anti-competitivas,
pero está muy lejos de resolver el problema estructural de precios abusivos. La Comisión
de Competencia tiene poca capacidad administrativa y regulatoria. México está en la
posición número 60 de 134 países en materia de competitividad. Sin competencia,
México no crecerá ni creará empleos.
Aplicaremos nueva legislación para acabar con los monopolios y actuar directamente
contra los abusos y precios exagerados de productos y servicios, para crecer y crear
empleo y oportunidades.
7. Abolir los privilegios fiscales para redistribuir la riqueza con justicia
La economía mexicana atraviesa por una de las peores crisis de su historia; en 2009 la
caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 8 por ciento, significó un retroceso importante
en los niveles de vida de la población. Ante esta circunstancia, las medidas aplicadas por
el gobierno de Felipe Calderón han sido totalmente contrarias a las necesidades de la
mayoría.
Basta mencionar los aumentos al IVA como al ISR, a las gasolinas que repercuten en los
precios de los bienes y productos que consume la gente, afectando a los que menos
tienen.Se incrementaron los principales impuestos y se crearon nuevos, por el afán del gobierno
federal de aumentar la recaudación inmediata sin planeación alguna. Se instrumentó el
Impuesto Empresarial a Tasa Única que no resolvió la necesidad de allegarse recursos
financieros importantes. Por el contrario, complicó aún más el cumplimiento de las
obligaciones fiscales.
Eliminar los regímenes fiscales preferenciales
Se ha castigado fiscalmente a la mayoría de la población para no enfrentar a los sectores
de la economía que gozan de privilegios fiscales y reducen en forma importante los
ingresos del Estado.
En México 60 por ciento de la recaudación fiscal del ISR recae en las personas físicas:
trabajadores, empleados, profesionistas, pequeños y medianos empresarios, lo que no
sucede en otros países con un desarrollo económico similar al nuestro. Las personas
físicas, proporcionalmente, pagan más al fisco que los grandes grupos corporativos.
En 2009, el erario público dejó de percibir cerca de 700 mil millones de pesos debido a
que las leyes fiscales permiten una serie de privilegios tributarios denominados “Gastos
Fiscales” que benefician sobre todo a los contribuyentes de mayores ingresos.
La propia Ley de Ingresos del 2009 reconoce que los grandes corporativos, 420 grupos
empresariales constituidos a lo largo del país, pagaron sólo el 1.78 por ciento de sus
ingresos totales en materia del ISR.
Los privilegios fiscales, tratamientos fiscales especiales con fines diversos, deben
desaparecer ya que son altamente regresivos y benefician mayormente a las grandes
empresas.
Con la desaparición de estos regímenes, la recaudación se incrementaría en 5 por ciento
del PIB, lo que contribuiría a mejorar la distribución del ingreso en beneficio de las
clases más necesitadas.
La recaudación tributaria en nuestro país apenas alcanza el 11 por ciento del PIB, y en
algunos años de la presente administración ha sido menor.
La paradoja es que en México, mientras las empresas producen entre el 55 y 60 por
ciento del ingreso nacional, su contribución de ISR es apenas 2.65 por ciento del PIB; en
cambio los asalariados, que aportan el 25 por ciento del ingreso nacional, contribuyen
con 2.20 por ciento.
Por otra parte, basta mencionar que un asalariado de ingreso medio contribuye con 20 por
ciento de su ingreso total en impuestos, en tanto que las grandes empresas lo hacen en un
promedio de 3 por ciento de sus utilidades, lo cual es altamente inequitativo.
La autoridad tributaria también ha fallado en su intento de incrementar la recaudación a
pesar de la creación del Sistema de Administración Tributaria y del incremento sustancial de la burocracia en esta entidad, que cuenta con más de 20 mil empleados.
Aumentar en tres años la recaudación fiscal en 10%del PIB
La propuesta en materia tributaria que se hace a los ciudadanos busca, en el corto y
mediano plazo –en un máximo de 3 años–, aumentar la recaudación en 10 por ciento del
PIB.
México ha alimentado sus finanzas principalmente con los ingresos públicos que
provienen del petróleo. Esos recursos deben beneficiar a las clases más necesitadas del
país.
Incrementar la recaudación con equidad
En primer lugar, se trata de suprimir los privilegios fiscales preferenciales, con lo cual
incluso se simplificaría el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entre los
principales:
-Gravar los ingresos generados de las ventas de acciones a través de la Bolsa
Mexicana de Valores.
-Eliminar por completo el régimen fiscal de consolidación.
-Eliminar la depreciación acelerada de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
-Eliminar los regímenes fiscales preferenciales para las grandes empresas del
sector primario y del transporte.
-Eliminar otras exenciones que benefician principalmente a las asociaciones
civiles que persiguen fines de lucro.
Hacer eficiente la Administración Tributaria
Es necesario que la administración fiscal sea más eficiente; que el fisco federal recupere
recursos derivados de las distintas auditorias que realiza la Secretaría de Hacienda, con
una mejor fiscalización y procesos jurídicos adecuados que conlleven a obtener fallos
favorables para recobrar dinero para el fisco. Basta mencionar que en 2008, apenas se
pudo recobrar el 1.95 por ciento de 463 mil millones de pesos ganados por la SHCP en
distintos procesos judiciales.
Fortalecer la fiscalización a las grandes empresas
Las grandes empresas nacionales como extranjeras, debido a su capacidad financiera y a
su composición corporativa, eluden al fisco de manera muy considerable, por lo que hay
que fortalecer los instrumentos de fiscalización hacia ese sector.
Certeza jurídica
El contribuyente espera certeza jurídica de largo plazo del sistema fiscal. Hay que reducir
al máximo las modificaciones fiscales. Hoy es altamente cambiante el sistema, incluso a
través de circulares administrativas se modifica mensualmente, lo que complica el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales y la propia administración fiscal.
Eliminar el Secreto Fiscal
Es necesario transparentar los procesos de recaudación y las aportaciones de los
contribuyentes del Sistema Tributario Mexicano. Que Congreso de la Unión y la
población en general tengan acceso a la información fiscal con base en la Ley de Acceso
a la Información. Esto con el objeto de conocer las razones y circunstancias tanto de las
personas físicas como de las empresas que deben de contribuir en forma equitativa y
proporcional al gasto público, como lo señala la Constitución de nuestro país.
Eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única
Este gravamen se originó con el propósito de anular los privilegios o gastos fiscales
contemplados en la ley del ISR. El gobierno federal no quiso enfrentar a los diversos
sectores económicos modificando la ley del ISR, sino creó un nuevo impuesto, lo cual
complica aún más el pago correcto de las obligaciones fiscales. Ese gravamen debería
incluirse en la base gravable de la ley del ISR.
La política fiscal debe contribuir a la redistribución justa de la riqueza
México necesita una política tributaria que sea instrumento esencial de una política
económica que contribuya a mejorar la distribución del ingreso de los mexicanos. En el
mediano plazo, se puede lograr el incremento de la recaudación federal a 10 puntos del
PIB, sin subir impuestos ni crear nuevos, a través de una reforma fiscal equitativa y
haciendo eficiente la administración tributaria.
8. El sector energético, palanca del desarrollo nacional
Los gobiernos neoliberales, en sistemática contravención del orden constitucional, han
provocado el abatimiento del sector energético nacional, especialmente en el ámbito
público, reservado al Estado.
Las actividades del sector han sido convertidas en centros de negocios privados. Se han
desplazado y sustituido las capacidades nacionales de ejecución y desarrollo tecnológico,
al grado de convertir a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en
simples administradoras de contratos que favorecen predominantemente a particulares,
sobre todo extranjeros.
Los más recientes ejemplos, son la desintegración de Luz y Fuerza del Centro, el despojo
al Sindicato Mexicano de Electricistas y el remate a Televisa de 21 mil kilómetros de
estratégica fibra óptica instalada con presupuesto público.
Actualmente campean la corrupción generalizada y la falta de dirección prácticamente en
todas las áreas del sector. Como una de sus consecuencias, se han vulnerado los
resultados de las inversiones públicas, ya de por sí insuficientes, debido a que el sector
energético no ha recibido el tratamiento que su relevancia estratégica requiere. Tal es el caso de la inseguridad de las instalaciones, la falta de mantenimiento preventivo, y los
riesgos no evaluados de la perforación en aguas profundas.
Con base en estas consideraciones, proponemos el fortalecimiento del sector energético
mexicano, a fin de orientarlo al logro del desarrollo nacional, la equidad social y el
bienestar general de la población:
El petróleo al servicio de la Nación
Poner toda la producción y la transformación de hidrocarburos al servicio exclusivo de la
Nación, como lo ordena nuestra Constitución. La exportación debe ser consistente con las
necesidades del país de optimizar el uso de sus recursos en el corto y en el largo plazo
bajo esquemas racionales. Se buscará no exportar ni un solo barril más de petróleo crudo
sin valor agregado, ni permitiremos contrato alguno de explotación al margen del espíritu
y el mandato expreso y claro de nuestra Constitución.
Restitución integral de las reservas. Restituir gradual y consistentemente el cien por
ciento de las reservas que se extraigan cada año. Para lograrlo, se debe reforzar la
exploración para encontrar nuevas reservas de hidrocarburos, así como invertir lo
necesario donde se tiene evidencias científicas de que existen mayores probabilidades de
éxito. Asimismo se debe detener la perforación inútil, donde solamente obtienen
ganancias los contratistas.
Tres refinerías para reducir importaciones y precios de combustibles. Hay que
disminuir y finalmente eliminar la desproporcionada importación de gasolinas. Para ello,
se construirán tres grandes nuevas refinerías, en los sitios más convenientes para el
interés de la nación. Eso permitiría disminuir los precios de las gasolinas, el gas y el
diesel a los consumidores y a la industria mexicana. De la misma forma, se requiere
promover el uso eficiente de la energía y de los combustibles para evitar su desperdicio.
Reactivar la petroquímica nacional. Aprovechar de forma óptima los recursos
nacionales y con ello reducir de manera eficiente y competitiva la importación de
productos petroquímicos, mediante la reactivación de esta rama de la industria mexicana,
a partir de las materias primas que hoy se desaprovechan y se queman a la atmósfera,
principalmente el gas etano, que es imprescindible para múltiples ramas industriales. En
vez de privilegios a los monopolios, deben darse estímulos y oportunidades a
emprendedores mexicanos.
Acabar con el contratismo en Pemex. Erradicar el contratismo y fortalecer las
actividades sustantivas de Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo. Para
ello, se debe incorporar la mayor integración nacional posible. También se debe otorgar
preferencia a la formación y la experiencia de nuestros técnicos, profesionales y
científicos de altos niveles, a fin de lograr la autosuficiencia, mediante la asimilación y el
desarrollo de nuevas tecnologías.
Para tales fines, se debe utilizar como puntal y favorecer a la Universidad nacional
Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional y a otras universidades y
tecnológicos de todo nuestro país. Terminar con la privatización de la industria eléctrica.
A fin de recuperar la soberanía en la generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, y para llevar las tarifas eléctricas a niveles justos y competitivos, se debe:
 Cancelar la contratación a particulares para generar energía eléctrica.
 Rescatar para la Nación, las centrales de generación establecidas al margen de
nuestra Constitución.
 Reforzar a la Comisión Federal de Electricidad, con la modernización,
rehabilitación y ampliación de su parque de generación, sobre todo en la región
central donde desde hace décadas no se construyen plantas generadoras.
 Revertir los procesos de privatización del servicio público de electricidad tras la
liquidación de Luz y Fuerza del Centro y reconocer los derechos de los trabajadores
electricistas, despedidos injustamente, y su participación en el fortalecimiento de la
industria eléctrica nacional en el centro del país.
 Dar impulso al Instituto de Investigaciones Eléctricas para el desarrollo de ciencia
y tecnología aplicadas a la energía.
Fortalecer la investigación científica y tecnológica nacionales
Otorgar prioridad a la investigación y asimilación de tecnologías para el desarrollo de
ingenierías mexicanas como mecanismo de independencia y asimilación tecnológica en
el sector de la energía.
Impulsar energías alternativas limpias.
Tradicionalmente, el sector energético no se ha preocupado mucho en proteger nuestro
ambiente natural. Tenemos que ser cuidadosos con nuestro patrimonio ambiental. Para
ello, se debe impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternativas, renovables y
limpias, a fin de limitar y revertir los efectos nocivos que la combustión de hidrocarburos
causa a nuestro planeta, como el calentamiento global por efecto invernadero y, en
general, la contaminación de suelos, aire y aguas de nuestro país.
Impulsar la transición energética.
El mundo vive el fin de la era del petróleo. Por ello se debe impulsar de manera
inmediata una política de transición energética que incremente las fuentes de energía
renovables (solar, eólica, hidráulica, biomasa, etc.). Se debe impulsar el desarrollo de
fuentes de energía alternativas, renovables y limpias, a fin de limitar y revertir los efectos
nocivos que la combustión de hidrocarburos causa a nuestro planeta, como el
calentamiento global por efecto invernadero y, en general, la contaminación de suelos,
aire y aguas de nuestro país.

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