Proyecto Alternativo de Nacion de AMLO 2seccion

para recuperar la historia de liderazgo en la defensa de la paz mundial, de la no
intervención, la autodeterminación y el diálogo del Norte y el Sur. La globalización a que
aspiramos es la de la solidaridad y la cooperación; opuesta a la discriminación o
segregación; afirmativa de los principios de pluralidad, tolerancia y reconocimiento del
otro y de los otros, así como de la integridad cultural de las comunidades en cualquier
parte del mundo.


3. Democratizar el acceso a los medios de comunicación
Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio, y
medre con la ignorancia, el sensacionalismo y la desinformación en función de sus
intereses. Las señales radioeléctricas, de televisión, telefonía e Internet son bienes
públicos concesionados para cumplir una función de beneficio social. El Estado debe
hacer cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información y el
acceso a los medios de comunicación. La sociedad debe contar con medios propios para
expresar su pluralidad y su diversidad.
El control y la manipulación que ejerce la oligarquía a través de los medios de
comunicación electrónicos es uno de los principales obstáculos para instaurar la
democracia en México. La transformación del país reclama un cambio de las relaciones
entre la sociedad y los medios, por eso proponemos:
Democratizar el acceso a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías
La libre competencia y la desconcentración de las concesiones que otorga el Estado
evitará los monopolios de radio y televisión. Estas medidas abaratan, democratizan y
universalizan el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Abrir los canales de televisión y de radio suficientes para brindar este servicio
público indispensable y acabar con los monopolios
La ley debe impedir su concentración en unas cuantas manos y regular la relación de los
medios con la sociedad y el Estado.
Garantizar el derecho a la información de los mexicanos.
Establecer figuras como el derecho de réplica y de información sobre asuntos de interés
público. Crear una defensoría del público y de los derechos de la audiencia, encargada de
recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión.
Formar un fondo de fomento para la producción de programas educativos, culturales y de
entretenimiento de calidad para niños y adolescentes y jóvenes. Vincular la formación
educativa a los contenidos de la televisión. Promover el cine nacional en la televisión
abierta y por cable.
Promover el acceso a los medios de comunicación de toda la población, sobre todo a
la radio y a la televisión Los medios audiovisuales son un servicio público, de interés nacional y son esenciales
para el desarrollo cultural y social de la población. Representan la materialización del
derecho inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y
opiniones sin ningún tipo de censura.
Establecer medios públicos que cumplan con el derecho a la información
Medios públicos que reflejen la pluralidad política, étnica, social y cultural de los
mexicanos. Estos medios públicos, al ser entes de interés colectivo, contarán con
presupuesto público, patrimonio propio y los regulará un consejo ciudadano.
Impulsar y garantizar el funcionamiento de medios comunitarios
Se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales que permitan el
acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades campesinas,
jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural.
Garantizar el acceso universal a Internet como parte del derecho a la información y de
acceso a las nuevas tecnologías y medios de comunicación.

4. Por una ética republicana y el combate a la corrupción
La revolución de las conciencias y la participación popular y ciudadana en los asuntos
públicos crean las condiciones para que florezca una ética republicana que regenere a la
nación, moralice la política, con servidores públicos con vocación de servicio. El servicio
público es una distinción en sí misma y no debe basarse en altas remuneraciones y
derroches que ofenden a los gobernados.
Austeridad republicana
Toda vez que en la vida política e institucional existe gran dispendio de recursos
públicos, excesivos salarios y prestaciones de la alta burocracia, proponemos, entre otras
medidas: la reducción de la mitad de los salarios de todos los servidores públicos de
mandos medios y superiores, en los tres niveles de gobierno, eliminando bonos
extraordinarios y privilegios de los altos funcionarios, así como acabar con los
dispendios en la operación del gobierno.
Combate a la corrupción
La corrupción implica la violación al sistema normativo para obtener un enriquecimiento
ilícito, mediante el tráfico de influencias, el clientelismo, el cohecho y el fraude, prácticas
ilícitas que en la actualidad no son castigadas casi nunca. Queremos acabar con las
conductas indebidas y la impunidad; aprobar una ley general que evite los conflictos de
interés; que establezca el delito de corrupción y que castigue el uso electoral del
presupuesto público.
Comisión para investigar la corrupciónLos órganos de fiscalización actúan bajo consigna, no son independientes y carecen de
competencias para revisar el ejercicio de los recursos públicos. Frente a los graves
niveles de corrupción en la administración pública federal proponemos crear una
comisión de que investigue la corrupción y haga públicas sus conclusiones; hacer de la
Auditoría Superior de la Federación un órgano constitucional autónomo con mayores
atribuciones que las que ahora tiene; eliminar los fondos y fideicomisos en la
administración pública; aprobar una Ley General de Contraloría Social para abrir canales
de participación ciudadana y control social; rechazar la aprobación de la Ley de
Asociaciones Público-Privadas que pretende liquidar las áreas estratégicas y la rectoría
del Estado en ámbitos fundamentales de la vida nacional como educación, salud,
seguridad pública, comunicaciones e infraestructura.
Transparencia
La fiscalización efectiva por parte de la sociedad y de la opinión pública depende de la
transparencia. Más vigilancia sobre los poderes formales y fácticos mediante la
autonomía constitucional del IFAI y órganos equivalentes en los Estados; se requiere una
ley de transparencia y acceso a la información pública, para todos los poderes y órganos
del Estado; una ley de transparencia que obligue a abrir su información a partidos,
sindicatos, organizaciones empresariales, empresas nacionales, trasnacionales y medios
de comunicación electrónica, entre otros; los fideicomisos, fondos, mandatos o figuras
análogas, vigentes deberán ser totalmente transparentes; construir un sistema nacional de
transparencia, fiscalización y rendición de cuentas que sustituya a las actuales
instituciones y mecanismos anticorrupción.
Un sistema electoral democrático
Si la recuperación democrática del Estado implica la participación electoral de los
ciudadanos para ganar la mayoría a favor del cambio verdadero, y si el actual sistema
electoral carece de legitimidad suficiente y permite prácticas fraudulentas, se deben
tomar medidas como la garantía plena de la equidad electoral mediante una nueva ley de
radio y televisión que evite la desmedida y distorsionadora influencia de los medios de
comunicación electrónica; disminuir en más de la mitad el financiamiento público y el
costo de las campañas; aprobar el derecho de réplica y reglamentar la publicidad
gubernamental; eliminar el financiamiento privado; crear instituciones electorales
nacionales que sean realmente ciudadanas e independientes del gobierno, partidos y
poderes fácticos; establecer acciones afirmativas de género en las candidaturas a cargos
de elección popular y en las instituciones públicas; garantizar el voto de los mexicanos en
el exterior; sancionar cualquier mecanismo de clientelismo y corporativismo en las
elecciones; establecer mecanismos para impedir la intervención de los cárteles de la
droga en elecciones, y perfeccionar la fiscalización de los partidos, coaliciones,
candidatos, dirigentes partidistas y de quienes intervengan en los procesos electorales.
Acabar con la exclusión social y política
En tanto que el sistema político no le da suficiente voz y representación a sectores como los pueblos indígenas, las mujeres, jóvenes, y “minorías” como los homosexuales,
proponemos un sistema político que garantice los derechos humanos de todos y el acceso
efectivo de los ciudadanos a los cargos públicos mediante un sistema de acciones
afirmativas.
5. Crear una nueva economía
La actual crisis financiera y económica mundial revela que el mercado, sin la regulación
apropiada del Estado, no es capaz, por sí mismo, de ofrecer un desarrollo económico
balanceado, eficiente y a la vez justo. Por esta razón el papel del Estado en la economía
ha adquirido un perfil más activo, concorde con la evolución de la economía y el mundo.
Los gobiernos para fortalecer sus economías están retomando el espacio que cedieron al
mercado y al capital financiero, a la vez que introducen nueva supervisión y regulaciones
en diferentes actividades económicas y financieras.
En México, el fracaso del modelo económico neoliberal, implantado hace más de un
cuarto de siglo, ha sido evidente: en la práctica el país no creció, unos cuantos
acumularon inmensas fortunas y la mayoría de la población subsiste en la pobreza. La
apertura comercial indiscriminada y el sometimiento a los dictados de los organismos
financieros internacionales que impusieron los gobiernos neoliberales, no se tradujeron
en un desarrollo económico sostenible e incluyente. La realidad es que México es de los
países que menos crece, que menos empleo genera, así como la nación con mayor
migración y de más grave desigualdad. Estas son las razones prácticas por las que se
requiere reformular el modelo económico y la estrategia de desarrollo.
Los gobiernos neoliberales desmantelaron la planta productiva nacional, las instituciones
y las políticas sociales y económicas del Estado mexicano, auspiciaron el saqueo con las
privatizaciones de empresas y bienes públicos, apostaron todo a la dependencia con el
exterior y entregaron el control de la economías a unas cuantas empresas y monopolios;
políticos y corporativos formaron un grupo oligárquico que se apoderó del poder público
para perpetuar sus privilegios.
El Estado debe asumir su obligación de velar por la prosperidad de la población y no sólo
por los negocios de un puñado de empresarios. Estamos comprometidos con un Estado de
bienestar y el combate a la desigualdad, que apoye a las empresas y productores
nacionales, que impulse las cadenas productivas regionales y la creación de empleo.
Un Estado que fortalezca el tejido social y los mecanismos económicos de subsistencia,
solidaridad comunitaria, ayuda mutua, asociacion; además del mercado justo y la
economía local.
El nivel de vida de la gente será el principal indicador de la nueva economía
El objetivo central del nuevo modelo económico es aumentar el bienestar de los
ciudadanos y reducir la desigualdad social, uno de los mayores problemas de nuestro
país. Esto se puede lograr reorientando la economía para favorecer la producción y el
empleo. El propósito principal no es sólo lograr buenos indicadores financieros, sino mejorar los niveles de vida reales de la gente, a través del crecimiento, el empleo y
mejores salarios.
La nueva política económica se enfocará en la economía real, en el trabajo y en la
producción de los bienes que necesitamos, en lugar de privilegiar estímulos a los
capitales financieros y especulativos. Sin producción no hay empleos, industrias,
consumo, mercado, bienestar colectivo, ni economía poderosa, ni nación soberana. La
nueva economía debe generar mayor equidad, competencia y competitividad. Asimismo,
se proponen mecanismos para un crecimiento incluyente, cuyos frutos se distribuyan de
forma equitativa entre la población, logrando una mejoría creciente y permanente en el
bienestar de los mexicanos.
El Estado debe reasumir su responsabilidad de conducir el desarrollo
La nueva política económica debe basarse en la planeación del desarrollo de acuerdo con
el interés nacional y el ejercicio democrático. Es fundamental la intervención pública –de
sociedad y gobierno– para reactivar la economía y generar empleos, sobre todo en épocas
de recesión. Debe anteponerse el interés nacional a cualquier participación de México en
acuerdos o proyectos impulsados por gobiernos extranjeros y organismos financieros
internacionales, sin detrimento de la continua participación de México en el mundo. El
Estado mexicano recuperará su papel de promotor del desarrollo y, con la participación
de los sectores privado y social, desarrollará planes para integrar cadenas productivas
locales y regionales y maximizar el empleo y el valor agregado nacionales. En el
desarrollo nacional es clave el apoyo a la educación, la ciencia y la tecnología.
Las llamadas reformas “estructurales” que impulsa el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial ya están desacreditadas en el resto del mundo –en México justificaron el
pillaje, en particular con las privatizaciones y los rescates como el Fobaproa. A pesar del
fracaso, el PRI, el PAN y la oligarquía, insisten en continuar la misma política económica
y aprobar la reducción de prestaciones y del poder de negociación de los asalariados, la
sustitución de impuestos directos por indirectos, haciendo más injusto el sistema fiscal al
restarle progresividad y la privatización de la industria eléctrica y petrolera.
Una economía fuerte con mayor competencia interna y competitividad frente al
exterior.
La competitividad es clave para crecer; la competencia interna es clave para lograr la
competitividad, ya que precios altos en lo interno dañan la competitividad. El combate a
los monopolios y precios competitivos en los energéticos son requisito indispensable para
crecer, así como para evitar la concentración excesiva del ingreso e ir mejorando la
equidad social.
Una economía nacional firme en la globalidad
La globalización económica es real y debe tomarse en cuenta. Hay países como Brasil,
India y China que han sacado buen provecho de las tendencias globales; otros, como
México, se han quedado atrás. En esos países el papel del Estado ha sido central en su desarrollo.
Nuestra propuesta considera el contexto internacional para fortalecer nuestra economía
interna y aprovechar las oportunidades del mercado mundial. En las relaciones
comerciales con el exterior se buscará equilibrio y reciprocidad con los distintos socios
comerciales.
Fortalecer la economía popular y la pequeña y mediana empresa
El fortalecimiento de la economía familiar y de la economía a baja escala es parte
fundamental de la nueva política económica.
Son las pequeñas y medianas empresas las que más generan empleo en México, por lo
que habrá programas de crédito y facilidades para el autoempleo para multiplicar este
tipo de empresas.
Apuntalar al hogar como unidad económica fundamental
La sociedad no sólo debe recuperar su lugar en la economía local y regional como
generadora de bienestar, riqueza y empleo, también debe alcanzar a la propia economía
doméstica o del hogar, que es una dimensión habitualmente olvidada de la planeación
económica. En plena sinergia con el Estado, los ciudadanos deben tomar acciones en
relación con la alimentación, la salud, la vivienda, el agua y el crédito, con conciencia
ecológica y social, a fin de adoptar una nueva forma de vida y de edificar hogares
seguros, sanos y autosuficientes. Lo anterior significa construir un poder doméstico para
enfrentar de mejor manera y solidaria los retos e incertidumbres del futuro.
Planeación sectorial y regional con participación social y privada
La cooperación estrecha de los sectores público, social y privado es un principio básico
para construir una economía fuerte y una sociedad más justa. Se debe propiciar la
convergencia de la inversión pública y privada mediante estrategias de desarrollo
regional.
El Estado apoyará la viabilidad y facilitará el diseño y ejecución de los planes, con la
participación de los sectores social y privado de las propias regiones, poniendo el énfasis
en el incremento del valor agregado y la creación de empleos.
Aumentar la inversión pública en infraestructura
En este rubro, el gobierno recuperará, gradualmente, los niveles que se registraron en los
periodos de alto crecimiento económico. La inversión en infraestructura genera mucho
empleo y requiere de menos divisas que otras actividades.
Financiamiento accesible y barato para las actividades productivas
A través de diversos canales (banca nacional, banca regional, banca de desarrollo) se instrumentarán esquemas para asegurar financiamiento a la actividad productiva en
montos y condiciones comparables a las de nuestros competidores.
Se requiere promover el apoyo de la banca privada a este propósito, además de impulsar
los bancos regionales y reestructurar la banca de desarrollo para que apoye directamente
a los agentes económicos.
Los movimientos de capitales y operaciones financieras especulativas no deben estar
exentas de impuestos
Se deben gravar con tasas vigentes de impuestos sobre la renta y con ello evitar
ineficiencias en la asignación de recursos o sobrevaluación artificial de la moneda que al
final sólo dañan la planta productiva y el empleo.
El Banco de México debe velar por el crecimiento y no sólo controlar la inflación
Que el BM haga un nuevo balance de riesgos en donde es un riesgo la inflación, así como
también un alto desempleo de la planta productiva. Se propondrá al Poder Legislativo
cambiar el mandato del Banco de México, para que incluya crecimiento y no solamente
combate a la inflación.
Revisar los tratados de libre comercio para lograr relaciones equitativas
Se buscará aumentar la producción en el campo, lograr la autosuficiencia alimentaria y
crear las condiciones para que los campesinos y agricultores puedan arraigarse en sus
comunidades. Debe revisarse el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, para
que sirva como instrumento para una relación equitativa en la región. Particularmente, se
debe renegociar su capítulo agropecuario, sobre todo en granos como el maíz y el frijol.
La mejor defensa de los derechos de los trabajadores es impulsar la democracia
sindical
Para lograr una mejor distribución de los frutos del crecimiento, se buscará garantizar la
plena representación de los asalariados, mediante una verdadera democracia sindical,
incluyendo el voto secreto, la mayor transparencia y rendición de cuentas del uso de los
recursos sindicales y evitando cualquier injerencia patronal o gubernamental. También se
impulsará la recuperación del ingreso de los trabajadores. Se alentará la productividad
con reparto de beneficios. Se dará protección al trabajo y se promoverá el empleo formal
y la justicia laboral imparcial y oportuna.
Todas las políticas de desarrollo y proyectos económicos tendrán en cuenta sus
impactos ambientales y serán sustentables desde el punto de vista ecológico
Hoy los recursos naturales y la calidad del aire, suelos y agua, han sido objeto de agudos
procesos de deterioro. Ello es especialmente notable en los casos de la minería, el
turismo, la extracción petrolera, la expansión urbana, y las modalidades industriales de